Designio sin efectividad

 

Enfermera vacunando a un hombre en un autovac.

Tras el aumento de gente que se va a vacunar, se iba diciendo que ciertas empresas serían sancionadas por obligar a sus empleados a vacunarse contra el covid-19. El diputado Jorge Brítez realizó la aserción, la cual no envuelve obligaciones o tiene fuerza de ley, cabe destacar que el Ministerio de Trabajo de Paraguay no había recibido una notificación oficial acerca del designio.

 El Paraguay a principios del 2021 estaba pasando una tragedia, pues las muertes aumentaban, y la destacada falta de contribuciones por parte del sector político conllevó a protestas por residentes tanto del pueblo como en el exterior. Eventual y lentamente empezó el esperado proceso de vacunación, al principio dirigido a mayores de 65 en adelante, y gradualmente habilitando a los adultos y adolescentes con enfermedades de base.

Diariamente se publica información acerca de la aplicación de vacunas, promulgando a que cada vez haya más gente, a la par que se aguarda el arribo de las vacunas; en su mayoría donadas. Lentamente el número de muertes va disminuyendo, aunque las cifras de muertos y contagiado sigue siendo bastante alta.

Adultos formando fila para vacunarse en Villa Elisa.

El pasado martes 13 el diputado Jorge Brítez presentó un proyecto de declaración al Congreso donde se urge la sanción de empleadores que exijan a sus empleados presentar sus certificados de vacunación a fin de mantener sus trabajos.  Dicha sanción fue aprobada por la Cámara de Diputados al día siguiente. A pesar de esto, no se deduce la sanción de una ley o garantiza penalidades a las empresas que ordenan certificados.

Captura de pantalla de una publicación en Facebook. 

Hasta el momento no se sabría decir cuando llegaría una notificación oficial por lo que no podían expedirse al respecto. También se puede mencionar que anteriormente el Ministro de Trabajo del Paraguay realizó inspecciones a las empresas que nieguen el permiso a sus empleados, y que Brítez presentó un proyecto de ley solicitando la autorización del dióxido de cloro para prevenir y curar el covid-19.